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¿Neoliberalismo del mundo post-pandemia?
El nuevo asalto al agua y las rutas del capitalismo azul
Emiliano Terán Mantovani - Observatorio de Ecología Política de Venezuela
- 16/12/2020
Se han prendido las alarmas, a nivel mundial, en la segunda semana de diciembre, cuando CME Group –una compañía internacional especializada en los mercados de derivados financieros– comenzó a cotizar en bolsa derechos de uso del agua, en California, específicamente en mercados de futuros. Sí, del agua.
Los mercados de futuros (futures exchange), que permiten la realización de contratos de compra o venta de commodities [materias primas] para una fecha futura, pactando el precio y las condiciones en el presente, son fundamentalmente nuevos ámbitos de enriquecimiento (especulativo y rentista) que crea el capital financiero, sobre la base de dos factores muy sensibles que se potencian en la crisis civilizatoria: la inestabilidad y la escasez, vinculadas a las ‘materias primas’. Inestabilidad que se intensifica con el caos dominante, la profunda crisis económica global, la conflictividad política y factores ambientales y climáticos cada vez más intensos, que ponen en jaque el acceso a cosechas y los bienes comunes en general. Escasez, que tiene que ver no sólo con las desigualdades reinantes y con la dramática degradación de los medios socio-ecológicos de vida sino, principalmente, con el desquiciado ritmo de consumo impulsado por el sistema capitalista, a una velocidad que la capacidad de regeneración de los ecosistemas no puede aguantar. Y el agua para el uso humano está, claramente insertada en esta dinámica depredadora. Algo verdaderamente muy peligroso.
Los contratos de futuros de derechos de uso del agua surgen de la previsión de escasez del líquido para los próximos años –sobre todo en zonas geográficas más secas–, algo sobre lo que se han venido generando fuertes alarmas a lo largo del siglo XXI. El capital financiero parece darnos otra señal más de que el ‘futuro’ nos ha alcanzado. Y aunque algunos tratan de minimizar el hecho, sus implicaciones son múltiples: expresa un claro avance para convertir el agua en un indiscutible commodity –y derrocar toda su tradición de bien público y común–, abre la puerta a una clara inserción del vital líquido en la desquiciada lógica del capital financiero –dominada por el lucro de un puñado de grupos–, y revela un escalofriante acelerón hacia el abismo, cuando más bien todas la voces y fuerzas sociales y políticas sensatas en el mundo están clamando por cambios urgentes para evitar un escenario ambientalmente catastrófico.
Este paso reciente en la mercantilización y financiarización del agua no parece ser algo que pueda pasar desapercibido.
La ruta histórica del asalto al agua
La cotización en Bolsa de derechos de uso del agua en California no es un hecho aislado. En realidad, refleja una continuidad histórica en los procesos de privatización, mercantilización y, más recientemente, financiarización del agua en los sistemas moderno-capitalistas. Su génesis está en los procesos de cercamiento de bienes comunes entre los siglos XVI y XVIII, fundamentales en la emergencia del capitalismo mundial, en los que los sistemas hidrográficos también fueron siendo incorporados a la lógica de acumulación de capital, generando considerables impactos y transformaciones en estos, así como en diversas formas preexistentes de gestión comunitaria del agua. Sin embargo, para entonces el agua seguía siendo una sustancia común, disponible a todos, si se quiere, un recurso abierto.
Es a partir de las revoluciones Industriales en las que se va a configurar un nuevo metabolismo hídrico intensivo, donde el agua va a ser tratada como un ‘recurso’, y disputada por diferentes ramas de la producción capitalista: para usos requeridos por la manufactura y la industria pesada, para el vertido de desechos, para actividades extractivas fluviales y marítimas, entre otras. Con La Gran Aceleración, el nuevo salto del capitalismo de la post-guerra (+1945), que va a desplegar un nivel de consumo de materiales y energía sin precedentes en la historia de la humanidad, entraremos en una desquiciada dinámica de uso del agua –enormes sistemas de riego, expansión de la distribución de aguas hasta otras geografías, dramático crecimiento de la huella hídrica de las industrias y el sector servicios, etc.– que va a comenzar a socavar, dramáticamente, numerosas fuentes aptas para el consumo, llevándonos a una situación muy comprometida hasta nuestros días. A pesar de ello, primordialmente en los siglos XIX y XX, con la consolidación de los proyectos republicanos contemporáneos, se iba estableciendo una masificación del servicio de agua para los ciudadanos, posibilitado por medio de la gestión pública, algo que iba a asentarse después de la Segunda Guerra Mundial, con más claridad en el Norte Global, pero también en otras regiones, como América Latina.
A partir de la década de los 70 y 80, a la par que comienza a crecer la preocupación mundial por la conservación del agua, el modelo de la posguerra va a entrar en crisis, dando paso al neoliberalismo. Este es, quizás, el hito más importante y reciente de esta ruta histórica del asalto sobre el agua: con la expansión de la globalización, comienza un proceso de mercantilización de todos los ámbitos de la vida, que va a tener un impacto sin precedentes en los sistemas de gestión del líquido. El empuje global privatizador y mercantilizador, principalmente desde los años 90, va a intentar desplazar los derechos colectivos o públicos preexistentes en relación al agua. Van surgiendo procesos de privatización de sistemas públicos locales y municipales, de represas, acueductos, entre otros; compras de derechos de acceso de aguas subterráneas y cuencas hidrográficas; aumento del control privado de sistemas de riego; emprendimientos económicos de sistemas de purificación de agua, plantas de desalinización y otras tecnologías para ampliar el acceso al líquido; expansión de la industria del agua embotellada; y el posterior surgimiento de fondos e índices bursátiles y comerciales orientados exclusivamente al negocio del líquido, tales como el Summit Water Equity Fund [Fondo La Cumbre de la Equidad del Agua].Todo esto, en el marco de un proceso de intensificación aún mayor de la huella hídrica y la degradación de las cuencas hidrográficas y fuentes de esta vital sustancia.
El impulso de este tipo de políticas se generó desde gobiernos bajo la influencia del Consenso de Washington, el crecimiento de empresas privadas encargadas del asunto del agua, pero también de organismos multilaterales como el Banco Mundial o CEPAL [Comisión Económica para América Latina y El Caribe], que estimularon la idea de que el creciente problema hídrico era un problema de ‘eficiencia’, y que el mercado y el sector privado eran los que podrían mejorar esa gestión. Existen casos donde los formatos de privatización y mercantilización del vital líquido avanzaron considerablemente, como en Chile, donde bajo la dictadura de Augusto Pinochet la entrega de derechos de agua a perpetuidad superó la propia disponibilidad hídrica y benefició a empresas agrícolas, forestales y mineras, en detrimento de la gente. En países que suelen caracterizarse por tener grandes regiones secas se fueron desarrollando mercados para la compra y venta de derechos de uso del agua, tales como Australia, Estados Unidos, España, Sudáfrica, Reino Unido, Irán, y otros del sur de Asia. En países de América Latina, como Bolivia o Argentina, políticas de privatización del servicio de agua no lograron sostenerse, debido a protestas y estallidos sociales que rechazaron que el suministro se hubiese vuelto tan costoso, sobre todo para los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Todos estos procesos de neoliberalización hídrica han estado en permanente búsqueda de avance y posicionamiento en numerosos países en el siglo XXI. La creación del índice Nasdaq Veles California Water, en octubre de 2018, por parte del mencionado CME Group, con el fin de colocar un marcador bursátil de futuros del agua en California, tiene como antecedente próximo la formación de mercados de futuros que involucraron, perversamente, a los alimentos desde 2008, como pasó con el trigo, el cacao o el arroz. Esto provocaría que la gran banca privada transnacional destinara enormes cifras a la compra de dichos títulos, mientras se especulaba con los mismos, disparando los precios de los alimentos y aumentando la cantidad de hambrientos en el mundo.
Mientras esos mecanismos de privatización, mercantilización y financiarización del agua han buscado avanzar como supuestas soluciones a este problema mundial, en el planeta tenemos alrededor de 2.200 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable seguro, 4.200 millones de personas que no cuentan con servicio de saneamiento adecuado y unas 3.000 millones que carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Las cifras son dramáticas y, más bien, revelan el trasfondo de un modelo civilizatorio que destruye aceleradamente los medios de vida en el planeta, al tiempo que funciona para el enriquecimiento de unos pocos, a costa de crear enormes desigualdades en el acceso a la riqueza y los bienes comunes.
El agua y los nuevos enclosures: capitalismo azul y neoliberalismo extremo
A nuestro juicio, la cotización en Bolsa de Valores de derechos de uso del agua –algo que, además, abre la puerta para financiarizar directamente al líquido–, es la expresión de un potencial neoliberalismo de tercera generación, uno de carácter extremo que se acomoda a este actual tiempo de umbrales, de ‘eventos extremos’, de capitalismo del desastre permanente y que nos presenta variados y perturbadores dispositivos para avanzar hacia las últimas fronteras de vida –geográficas, de bienes comunes, de cuerpos, de ámbitos vitales, de marcos de pensamiento– y de los sistemas de derechos sociales y ambientales, seriamente amenazados por lógicas de estado de excepción y regímenes de guerra permanente.
Jugar con el agua es una medida extrema; pero, el capital financiero, ante un sistema económico en crisis, ha catalogado la “industria del agua” como uno de los negocios más estables y predecibles, una de las inversiones más seguras y rentables a largo plazo que, precisamente, podrían proteger el dinero de los inversores cuando otros mercados se tambaleen. Misma lógica podría aplicarse con el oxígeno –o, con más exactitud, el aire limpio–, ante ciudades como Zaozhuang, Karachi, Delhi, Ciudad de México o Pekín en las cuales se levantan ‘alertas rojas’ o ‘alertas ambientales’ por la terrible contaminación atmosférica. Difícil no asociar estos hechos con literatura y cinematografía distópica y de ciencia ficción; lamentablemente, en ocasiones la realidad supera la ficción.
En la encrucijada existencial en la que nos encontramos, antes que tomar medidas urgentes frente a la situación hídrica y ambiental global, el capitalismo y la política sin ningún escrúpulo, desde un nihilismo puro, abren caminos para que buitres financieros ronden desde sus alturas al agua, algo absolutamente abominable.
El marco más amplio de estos procesos de despojo hídrico, de estos nuevos enclosures [cercamiento, proceso de división o consolidación de espacios productivos], es lo que podríamos llamar un capitalismo azul, una estrategia de largo plazo de asalto de este neoliberalismo extremo, orientado a la acumulación de capital, materiales y energía, a partir del mundo marino y los ecosistemas de agua dulce –el denominado Mundo Azul. En diversos planes económicos de organismos como la Unión Europea o la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ONUAA], se explicita la extrapolación de la lógica del crecimiento al mundo acuático: biotecnología marina, energía del océano, minería en los lechos marinos, turismo de costa, acuacultura, entre otros. Todo esto, planteado en nombre de la ‘sostenibilidad’, la innovación y el crecimiento ‘inteligente’ e inclusivo. No hay frontera que la expansión capitalista no haya imaginado.
Somos uno con el agua, somos de agua. El ineludible cambio civilizatorio
El delicado problema del agua, en la actualidad, no está basado únicamente en las dificultades para lograr una más eficiente gestión del “recurso”; en realidad, nos expresa con claridad el nivel de maduración que ha alcanzado la crisis civilizatoria, en la cual lo que está hoy en entredicho es la posibilidad de la vida en planeta, tal y como la hemos conocido hasta ahora.
La crisis del agua es la crisis del ser humano. La condición patológica, el umbral epidemiológico que hemos cruzado en la actualidad no tiene sólo que ver con la aparición de la pandemia de la COVID-19 o, incluso, de la cadena de pandemias de menor nivel que hemos vivido en las últimas décadas (Mers, ébola, zika, etc.); estamos colectivamente enfermos, en la medida en la que los elementos vitales que nos constituyen se han venido enfermando (sistemas hidrográficos, ecosistemas, aire, cadenas tróficas). Esto es una realidad ineludible sobre la que no podemos sólo voltear la mirada: la degradación de la Tierra es, directamente, nuestra propia degradación.
El agua no es meramente un ‘recurso’, no es un elemento externo a nosotros; muy al contrario, somos uno con el agua, somos de agua. Comprender esta fundamentación, ecológica y ontológica del humano, nos permitiría dar cuenta que lo que está en amenaza es nuestra posibilidad de ser/estar en la Tierra.
Ante esta profunda crisis, nada haremos con reformas. Necesitamos de un cambio de todo el orden civilizatorio imperante y el cambio exige de acciones inmediatas. Las falsas soluciones, que promueven mercados de agua, privatizaciones, soluciones de capital, fe extrema en la tecnología y gestiones muy centralizadas, no sólo han fallado en resolver los problemas de acceso, calidad y sostenibilidad de las fuentes de agua, sino que, en realidad, han sido parte del problema, al concebir este elemento vital como un mero ‘recurso’, y colocar el lucro de unos pocos y la apropiación del líquido primordialmente para la gran industria, como los factores centrales de la gestión hídrica.
Requerimos, en cambio, declarar el agua como un bien común universal y un derecho humano y ecológico (también, de otras especies), así como garantizar, sin titubeos, su acceso general para la reproducción de la vida; transitar la ruta del decrecimiento y el post-extractivismo, a través de cambios económicos (agro-ecología, ecoturismo, etc.) que podrían ser graduales, pero que deben comenzar a materializarse ahora y, así, iniciar la urgente modificación de la huella hídrica hasta adaptarla a los ritmos y ciclos de la naturaleza; abordar la problemática del agua desde la gestión de las cuencas hidrográficas, partiendo de restauraciones de las mismas y de la participación más activa del ámbito social y comunitario; promover soluciones locales y municipales de uso, re-uso y separación de aguas, así como diferentes tecnologías (modernas y tradicionales) adaptadas a las condiciones territoriales, como sistemas de recolección de agua de lluvia, recarga de acuíferos, entre otros; y la defensa y promoción de diversas concepciones y cosmovisiones tradicionales sobre el agua, que contribuyen a una concepción más integral, histórica, ecológica y espiritual sobre este vital elemento.
La otra ruta, la de los mercados, fondos bursátiles, industrias, buitres del agua es, sencillamente, la ruta hacia el abismo. Necesitamos elegir la ruta de la vida.
"Es de todos y es un bien público":
La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros desafía derechos humanos básicos
- 16 de diciembre, 2020
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La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street arriesga que este bien público esencial sea tratado como el oro y el petróleo, y lo hace vulnerable a una eventual burbuja especulativa, denuncia, en un comunicado, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho al Agua Potable y al Saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.
El delegado de la ONU dijo que el nuevo contrato de CME Group Inc., empresa que lanzó el primer acuerdo de comercio de futuros de agua del mundo, podría atraer el interés de los fondos de cobertura y los bancos junto con los agricultores, las fábricas y los servicios públicos que buscan fijar los precios del líquido vital.
"No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública", remarca Arrojo-Agudo, señalando la importancia de tener acceso al agua en la lucha contra la pandemia de COVID-19.
También, advierte que un mercado de futuros de este tipo podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por los precios, lo cual podría resultar en una repetición de la burbuja especulativa del mercado de alimentos, en 2008.
“En este contexto, el riesgo es que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía, como los pequeños agricultores”, destaca el relator especial de la ONU.
Según Arrojo Argudo, "El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático".
El agua es un recurso vital para la economía, su valor es "más que eso", recalca el especialista. Considera que el agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad y, por tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación.
El derecho humano al agua potable fue reconocido, por primera vez, por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos en 2010.
Cotizar el agua en Wall Street es “peligrosísimo”
El agua está en vías de convertirse en un activo provechoso para la especulación financiera, en desmedro de su condición de bien público indispensable para la vida, advierte el responsable de Derechos Humanos sobre la materia en las Naciones Unidas. Foto: BM
A-E/HM
La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, la Bolsa de Nueva York, tal como ocurre con el petróleo o el trigo, “es una noticia peligrosísima, muy mala”, declaró el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, el español Pedro Arrojo.
Lo más grave es que el agua, “que, de alguna manera, ya estaba en los mercados, entra ahora en los mercados de futuros, que es el sanctasanctórum de la especulación”, dijo Arrojo, en una entrevista con el medio de comunicación colombiano Blu Radio.
El agua “no sólo es un elemento importante para los sectores económicos: es, ante todo, un elemento vital, para la vida misma, para la sostenibilidad de la naturaleza, los seres humanos, su salud y sus comunidades, cosas que no son reconocidas por el mercado y que el mercado no sabe hacer”, expuso Arrojo.
“La diferencia está en que sin petróleo usted no puede ir a un sitio en auto, pero puede ir a pie; en cambio, sin agua se muere en una semana. Por eso, el agua es un derecho humano y el petróleo no”: Pedro Arrojo.
Aguas del Estado de California, en el oeste de Estados Unidos, comenzaron a cotizarse, esta semana, en el mercado de futuros de Wall Street, con base en el índice Nasdaq Velez California Water (NQ H2O), y su escasez permitirá que siga cotizándose en el mercado de futuros, de acuerdo con medios bursátiles.
La empresa estadounidense CME Group lanzará contratos trimestrales de agua, en California, un mercado estimado en 1.100 millones de dólares y donde el líquido a futuro comenzó cotizándose alrededor de 486 dólares el acre-pie, basándose en precios de agua que se vende en varias cuencas californianas.
El acre-pie mide el volumen de agua necesario para cubrir un acre (0,4 hectárea) a la profundidad de un pie, lo que equivale a 1,24 millones de litros.
Los tenedores de esos papeles no compran agua, sino el derecho a utilizarla en el futuro, lo que posibilita a un agricultor, por ejemplo, asegurarse el recurso para sus planes de regadío a mediano plazo; pero, también, provee al dueño del título de un activo financiero con el que puede acudir al mercado de valores.
Los defensores del mecanismo destacan que, bien utilizado, puede ser un instrumento que ayude a conseguir un uso más eficiente del agua, pues el titular de los derechos puede llevar excedentes al mercado, si los tiene, y se pueden conseguir finanzas para inversiones que conserven y mejoren la disponibilidad del recurso.
Arrojo, por el contrario, sostiene “Estos intercambios de concesiones entran en flagrante contradicción con las bases con las que se administra un bien público. Más que flexibilizar, esto es el libre mercado que hace negocio con el agua, alguien hace dinero a base de vender un derecho que le ha dado gratis el Estado”.
Mencionó el caso de Chile, “donde el señor Pinochet [Augusto Pinochet, dictador entre 1973 y 1990] privatizó los ríos”, en referencia al Código de Aguas chileno de 1981, que inició la entrega de derechos de agua a perpetuidad para empresas agrícolas, forestales y mineras, principalmente, en desmedro de otros usuarios.
Puesto a distinguir la situación de recursos como agua y petróleo ante los mercados bursátiles, Arrojo dijo “La diferencia está en que sin petróleo usted no puede ir a un sitio en auto, pero puede ir a pie; en cambio, sin agua se muere en una semana. Por eso el agua es un derecho humano y el petróleo no”.
Recordó que en 2008, con la entrada de los alimentos a los mercados de futuros, “grandes bancos privados destinaron 320 000 millones de dólares a comprar papeles de esos productos mientras, en paralelo, solicitaban recursos públicos para salvarse de la quiebra”.
“Como resultado de la especulación con esos títulos, el precio del trigo se quintuplicó en pocos meses, en tres años los precios de los alimentos subieron una media de 80 por ciento, y se agregaron 300 millones de hambrientos a las filas del hambre en el mundo”, dijo Arrojo.
En 2015, cuando adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, la Asamblea General de la ONU señaló que tres de cada 10 personas en el mundo carecen de servicios de agua potable y la escasez de agua afecta a 40 por ciento de la población mundial.
Dentro del ODS 6, el que promueve “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, la meta 6.1 planteó lograr hacia el 2030 “acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”, y la 6.4 busca aumentar el uso eficiente y la sostenibilidad en la extracción de recursos hídricos.
Arrojo dijo que “si llega a ser exitoso el proceso de financiarización, de someter el agua a dinámicas de mercado de tipo especulativo, se encarecerán los costos del recurso y la factura, con los beneficios que obtengan los especuladores bursátiles, terminaremos pagándola todos, los que estamos al final del tubo”.
Estudio: 97% de los chilenos cree que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la próxima Constitución
- 16 Diciembre, 2020
El Estudio muestra que el agua, con el 26% de las preferencias, está en el sexto lugar de las más nombradas, además de salud, vivienda, alimentos, educación y empleo.
Greenpeace dio a conocer el estudio Chile Gota a Gota: pandemia, desafíos y percepciones de la crisis hídrica, encargado a la consultora internacional Offerwise, que analizó la problemática del agua durante el segundo semestre de este año, consultando a 1.012 personas a lo largo de todo Chile, con el objetivo de comprender las principales preocupaciones relacionadas a esta crisis.
El estudio incorporó un cuestionario con cinco dimensiones respecto al agua: Pandemia, Nueva Constitución, Dignidad, Responsabilidad y Futuro, mostrando la relevancia que ha adquirido el tema en la agenda de los chilenos.
Uno de los principales resultados apunta al próximo proceso constituyente, donde 97% de los encuestados dice que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución.
Asimismo, en torno a los elementos necesarios para llevar una vida digna, el estudio muestra que el agua, con el 26% de las preferencias, está en el sexto lugar de las más nombradas, además de salud, vivienda, alimentos, educación y empleo. En esta consulta, la Generación Z (menores de 26 años) instalaron el agua por sobre la educación y el empleo, con el 39% de las preferencias.
Otro resultado a destacar es que el 88% de los encuestados dice que la actual falta de agua es una desigualdad social inaceptable. Respecto a la administración del agua en el País, 87% dijo saber que está privatizada, y en cuanto a la distribución del recurso, 88% dice que no es equitativa.
“Esos resultados vienen a comprobar que en este proceso histórico y social que ha sido el estallido social y la construcción de una Nueva Constitución la privatización de facto del agua, en manos de unos pocos, es una injusticia que debe revertirse de forma urgente. En cada encuesta que se ha publicado, este tema siempre aparece como demanda. Y, sin embargo, no hemos visto en las autoridades ganas de abordar el asunto seriamente, para discutir sobre la propiedad de este bien común, sobre que vuelva a ser un derecho y cumpla su función social, permitiendo una vida digna y la protección del medioambiente, sin el cual esa vida digna será imposible. Recuperar el agua, soltarla, y dejarla al servicio de la vida primero y antes que al lucro de unos pocos es, sin duda, la principal demanda socioambiental”, comenta Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
Agua y Pandemia – La mala gestión de un recurso clave
Otro de los focos del estudio del agua fue evaluar cómo veían los chilenos las medidas adoptadas por las autoridades durante el COVID-19. En pleno aumento de casos y una potencial segunda ola de contagios en el País, los resultados indicaron que 92% de los chilenos considera que el agua debería ser una prioridad en contexto de pandemia y es clave para evitar la expansión del COVID-19.
En cuanto a la evaluación del Gobierno y los planes para enfrentar el coronavirus, es negativa: sólo uno de cada cuatro chilenos cree que el Gobierno ha hecho lo suficiente para paliar la falta de agua en el País.
Sobre la distribución de este recurso en Chile, en medio del coronavirus, 81% de los chilenos indicó que el Gobierno debe entregar, como mínimo, 100 litros de agua al día por persona, en contraste a los menos de 50 litros diarios que, actualmente, se distribuyen en regiones como la de Valparaíso y aquellas comunas afectadas por la crisis hídrica como Petorca, El Melón, Olmué, Putaendo, entre otras.
Pesimistas al futuro: racionamiento en las grandes ciudades
Respecto al futuro, el Estudio consultó cómo ven las personas los próximos años la crisis hídrica, donde la expectativa no es positiva: 88% de la población cree que la falta de agua le afectará en un futuro cercano.
En cuanto al racionamiento en las grandes ciudades, el 48% de los encuestados cree que este comenzará en un plazo de uno a cinco años. Además, el 93% de los chilenos indica que este tema debiera ser tratado como un asunto prioritario para el País.
“Esperamos que esos datos alumbren la realidad de la demanda por este recurso. La ciudadanía del País está clara, informada, y decidida a recuperar el agua y a soltarla y es momento de que comiencen a abrir los ojos quienes tienen la capacidad de hacer algo. Chile es un país que tiene agua, pero está en manos de unos pocos que, al mismo tiempo, especulan y lucran con ella, mientras miles viven sin suministro, los bosques se secan y los animales mueren de sed. No hay espacio para equivocaciones ni medias tintas, el agua debe ser un derecho constitucionalmente consagrado para vivir vidas dignas en un medio ambiente sano, y la Constitución primero y las leyes luego deben estar alineadas con esa prioridad”, sostiene Matías Asun.
Fuente: Greenpeace Chile
Director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA critica debate legislativo de Ley de Protección de Glaciares en nuevo intento por dilatar su votación
Patricio Segura
- 15.12.2020
Sesión Comisión Minería / TV Senado
La Comisión de Minería y Energía del Senado continuó el trámite del proyecto, aprobando el Artículo 3º, que señala “Los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables”. En su crítica, el Director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas (UGN), Gino Casassa se desentendió del rol de funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, aludiendo a su calidad de científico. Tal neutral figura de investigador contrasta con lo que afirmara hace algunos años: “Hay una cita bíblica que dice que Dios al crear el mundo dio el mandato al hombre de señorear la tierra. Esto lo entiendo como un designio para el desarrollo sustentable, es decir, explotar la tierra sin destruirla”, fue su metafísica reflexión en una entrevista de 2014.
Desentendiéndose de su rol de funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, administración que ha torpedeado diversas iniciativas que buscan salvaguardar los glaciares, el glaciólogo Gino Casassa criticó el debate que se ha dado en el Senado, en el marco de la votación de la Ley de Protección de Glaciares. Así lo dejó en claro durante la última sesión de la Comisión de Minería y Energía, donde hoy está radicada la iniciativa legal.
El pasado miércoles se avanzó en la aprobación del Artículo 3º de la Ley, ocasión en que Casassa, actual director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas [DGA], se desmarcó de su cargo de confianza en el actual gobierno para expresar su molestia con el tenor del debate.
El directivo señaló estar “bastante decepcionado de que no se ha escuchado razones técnicas, no se ha escuchado a los técnicos, en todas estas discusiones; acá hablo como científico, olvídense que soy parte de la DGA y el MOP [Ministerio de Obras Públicas]; aquí, realmente como miembro de la Academia de Ciencias, hablo como profesor de una universidad pública, la Universidad de Magallanes”.
Y, agregó “Hemos tenido discusiones iniciales con el profesor Ferrando, asesor del senador Girardi, que han sido muy provechosas, pero que no han llegado a puerto, porque ha primado un apuro que no está conmensurado. Es malo para la Ley, es malo para el País, es malo para los glaciares. Y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que la comunidad científica sea escuchada” expresó, molesto.
El discurso de Casassa no hizo mella entre los legisladores de oposición, que han manifestado su irritación por los obstáculos que el Ejecutivo ha puesto a la tramitación del Proyecto, incluido el propio director de la UGN y los senadores de Chile Vamos.
“Votemos, porque lo único malo es seguir dilatando una ley tan importante para nuestro país. Coloquemos en votación el Artículo” señaló como respuesta la senadora Yasna Provoste (PDC).
Por su parte, Guido Girardi (PPD) aclaró: “Todo este proyecto ha sido elaborado por académicos del mundo científico, no hay ningún punto de este artículo que no haya tenido la participación de académicos como el profesor Ferrando y otros. Pero, sucede que también en el mundo científico hay diferencias, hay visiones distintas”.
Las palabras de Casassa, que aluden a su neutralidad técnica, contrastan con sus dichos de 2014, cuando señaló “No puedo ser absolutista y decir que los glaciares son sagrados e intocables”. Noción que profundizó con una frase muy poco científica: “Hay una cita bíblica que dice que Dios, al crear el mundo, dio el mandato al hombre de señorear la tierra. Esto lo entiendo como un designio para el desarrollo sustentable, es decir, explotar la tierra sin destruirla. Si somos un país rico en recursos naturales, no puedo ser absolutista y decir que los glaciares son sagrados e intocables”, fue su planteamiento en la ocasión. Y donde, sobre el impacto de la minería, puntualizó “Tengo una dicotomía. Como montañista, amo la naturaleza y me encantaría que no exista un impacto ambiental sobre los glaciares. Pero, desde mi profesión, y basado en el precepto bíblico antes mencionado, soy consciente que Chile tiene la necesidad de contar con recursos y, para esto, hay que explotarlos”, fue su metafísica argumentación.
Además de Girardi y Provoste, la Comisión está integrada por Álvaro Elizalde (PS), Alejandro García-Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN), quien la preside.
Puesto en votación, el Artículo 3º quedó aprobado, con la siguiente redacción: “Naturaleza jurídica de los Glaciares. Los glaciares son bienes nacionales de uso público, que se encuentran protegidos oficialmente, son inapropiables y no concesionables. No se podrá constituir ningún tipo de concesión ni derecho sobre glaciares, sin embargo, se podrán otorgar permisos para la investigación científica siempre que tenga por finalidad la protección del glaciar o la producción de información sobre sus funciones ecosistémicas”. El texto contó con el voto favorable de Girardi, Provoste y Elizalde, y el rechazo de Prohens y García-Huidobro.
Pendiente quedó el Artículo 4º, que establece el Inventario Público de Glaciares, dado que el Ejecutivo (que tiene atribución exclusiva para proponer indicaciones que entregan atribuciones a los organismos del Estado) pretendía que sólo consignara los glaciares blancos y rocosos, en tanto Elizalde, Girardi y Provoste que se incluyan, también, el ambiente periglaciar [erosión y desplazamiento de materiales debido a procesos de hielo y deshielo] y el permafrost [capa del suelo permanentemente congelado –pero, no permanentemente cubierto de hielo o nieve– de las regiones muy frías o periglaciares], ampliando, así, la protección a estas formas de la criósfera [partes de la superficie terrestre don el agua se encuentra en estado sólido]. El problema es que la indicación de los legisladores se declaró inadmisible, lo que la senadora PDC plateó pedirá se revise durante la próxima sesión.
A solicitud del ministro de Minería, el proyecto de Ley de Protección de Glaciares, que debió tramitarse en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se ve actualmente en la Comisión de Minería y Energía, donde su tramitación fue congelada por más de un año, hasta que los senadores de oposición expresaron su molestia, dando, así, inicio a la votación.
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